Ley Arles busca sancionar a funcionarios que retrasen la búsqueda de desaparecidos
El Ministerio de Justicia volvió a radicar en el Congreso la llamada Ley Arles, una iniciativa que busca castigar como falta disciplinaria gravísima a los funcionarios que omitan, retrasen o entorpezcan las acciones para ubicar a una persona desaparecida. Es la tercera vez que el Gobierno presenta el proyecto durante esta administración.
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La propuesta surge a partir del caso de Arles Edison Guzmán Medina, desaparecido en 2002 en la comuna 13 de Medellín. Según el Gobierno, pese a que su familia entregó información sobre su posible paradero en La Escombrera, las autoridades no actuaron con la rapidez requerida, situación por la que el Estado colombiano fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023.
Con esta reforma, el Gobierno busca garantizar una respuesta inmediata ante los reportes de desaparición y fortalecer la protección de las víctimas y sus familias. La iniciativa cobra relevancia en un país donde, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hay más de 137.000 desaparecidos en el marco del conflicto armado y más de 52.600 personas buscadoras que siguen esperando respuestas.
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